Apuntes de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación

Se dedica el presente editorial de la revista científica Debates por la Historia a resaltar y posicionar la memoria ante un acontecimiento histórico de gran impacto en nuestro país. Se trata de la expedición de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación -promulgada el 28 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023- que tendrá gran impacto en la producción del conocimiento científico (Presidencia de la República, 2023). Al respecto, el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) señaló en su sitio web que:

celebra la aprobación del dictamen de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) en la Cámara de Diputados, como resultado de un profundo trabajo legislativo que retoma la participación y consenso de las comunidades académicas, científicas y tecnológicas a favor del derecho humano a la ciencia (CONAHCYT, 2023, párr. 2).

La cita anterior nos remite a un cambio trascendental donde el CONACYT, a partir de la aprobación de la ley, se convierte en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

Seguramente quien no esté permeado por la profundidad del significado, lo leerá como algo trivial. Sin embargo, es un salto cualitativo el que se genere una relación más estrecha de la ciencia con la existencia, es decir, una ciencia con conciencia humanística, más democrática, con impacto y utilidad para el bien público. Lo que llama la atención es que, a una distancia temporal de más de un par de meses, no se hayan manifestado las comunidades científicas que se dedican a las humanidades, que no se presentaran foros de análisis y que no se difundieran las bondades de este gran acontecimiento. ¿Qué sucede con quienes están dedicados a la investigación en las ciencias humanísticas? Lo más cercano fueron algunos comentarios que se empezaron a filtrar en las redes sociales, en el sentido de que habría una manifestación y paro labores en las universidades, pero no sucedió tal cosa y por ello hay que promover su difusión o luego será lo que coloquialmente se le llama “darse un balazo en el pie” para los científicos humanísticos.

Se retoma como positivo lo concerniente a los consensos de las consultas, donde se incluyeron a las comunidades académicas, científicas y tecnócratas; distintas voces que estaban presentes desde hace varios años. Sin embargo, existía una gran separación entre disciplinas como medicina, biología, matemáticas, química, física, entre otras, cuyos resultados de investigación son transformados en tecnología, que es mejor valorada por la sociedad; con respecto a ciencias como la historia, sociología o las humanidades, que se les había considerado como productoras de conocimientos abstractos, poco palpables, subjetivos, es decir, de segundo orden. De allí que los proyectos de investigación -en gran cantidad de casos- no eran aprobados para recibir financiamiento, existiendo esa desconfianza y el coro a voces que decía que el CONACYT solo aprobaba proyectos de investigación de las ciencias duras.

La tecnología no es privativa de las ciencias exactas, pues las ciencias sociales y las humanidades también generan tecnología social, que se utiliza en la conservación y/o transformación del orden establecido, en los comportamientos educados y en todo el performance que realizan los hombres y las mujeres en la vida cotidiana. Crear tecnología social tiene que traducirse como la forma en la cual es posible tener una colectividad basada en los consensos y en la participación para la construcción del futuro deseable, con posturas éticas y estéticas acordes con los valores que la humanidad ha creado, cambios de actitud hacia el cuidado del medio ambiente y del patrimonio cultural y -en si- con el cuidado, conservación y transformación de la cultura hominal. En síntesis, la tecnología social (humanística, abstracta) y la tecnología natural (objetiva, concreta) son complementarias y necesarias en una sociedad que tiene como meta contar con individuos educados y cultos; que tengan como soporte la ciencia para la producción, distribución, consumo y reproducción de los bienes materiales e intelectuales, así como para su reparto equitativo en bien de la humanidad y de la naturaleza.

Pero detrás de los cambios en la normatividad que rige al ahora CONAHCYT hay otras razones –y son varias- como el desvío de fondos destinados a la investigación, tal y como lo resalta una nota periodística de El Universal:

María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), justificó la aprobación de la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) al asegurar que con esta nueva ley ya no se permitirán las simulaciones y normas a modo que deriven en multimillonarios recursos del pueblo a empresas (Villa, 2023, párr. 1).

El desvío multimillonario se daba hacia distintas empresas que se dedicaban a las actividades de investigación con recursos públicos -como los fondos para proyectos que manejaba el CONACYT- con los cuales se creaban patentes que luego eran comercializadas y regresadas al público en forma de mercancías para su venta, propiciando un plus valor con excesivas ganancias; es decir, una modalidad de trabajo con recursos públicos para generar ganancias privadas. La nota nos permite interpretar y hacer este planteamiento hermenéutico que dejamos asentado en este editorial, junto con la esperanza de una verdadera democratización de la ciencia, donde los recursos púbicos tengan beneficios para la sociedad.

Otra razón del cambio normativo fue por los gastos exagerados que realizaban las élites del CONACYT: sueldos, compensaciones, viáticos y fideicomisos en el centro y en la periferia (oficinas de la capital del país y de los estados), que administraban recursos de los Fondos Mixtos. Esto se terminó y aunque se vislumbra que los recortes al presupuesto en este rubro han sido una afectación para el desarrollo de la ciencia en México, la preocupación está presente y desde la postura de este editorial se aplauden los cambios que se han venido presentando en el CONAHCYT. Esta institución se percibe más abierta, democrática, justa y además necesaria; ante las diatribas, porque se trata de una ley de la Cuarta Transformación, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se debe asumir que las medidas instrumentadas serán en bien de las humanidades, las ciencias y las tecnologías.

El CONAHCYT ahora se escribe con hache de humanidades, para que se asiente bien en la memoria y también se internalice, pues desde el siglo XIX las ciencias del espíritu, ideográficas, sociales, humanísticas o cualquiera que sea su denominación, aspiraban al estatuto de científicas. Sostuvieron una lucha de ideas por ese reconocimiento y posicionamiento que ya habían adquirido las ciencias naturales, al asumir el método positivista o empírico de Augusto Comte. El método comprensivo, al cual deben responder las ciencias del espíritu –como alertó Dilthey- debe ser considerado a la vez el medio para lograr la cientificidad (Corona, 2012).

Se puede observar que el conocimiento de la realidad humana se lleva a cabo en la mediación del lenguaje, donde la comprensión solamente puede ser pensada como una construcción categórica de sentido y donde el diálogo constituye uno de los procedimientos esenciales de esas disciplinas (Corona, 2012, p. 117).

Es necesario resaltar que la categoría de las ciencias del espíritu proviene del alemán y se refiere -explicado de manera muy parsimoniosa- a las ciencias que se ocupan del hombre y de la mujer en las distintas temporalidades, por ello es bueno apuntar que los objetos de estudio se abocan al conocimiento de los pensamientos, ideas, sentimientos, voliciones y sus aspiraciones futuras, esto es, a las implicaciones que están presentes en los procesos culturales, como parte de del construccionismo humano. En síntesis, es la investigación que ahora se enfoca a los individuos, a las acciones que se presentan en las colectividades, algo que la investigación empírica dejó de lado precisamente por la imposibilidad de encontrar formas medibles, comprobables y susceptibles de poder aislar y reproducir el fenómeno para su adecuado conocimiento.

Sin ser abundante en el método comprensivo, vale la pena asentar un ejemplo bastante trabajado en la literatura de estas ciencias, donde un acontecimiento social tiene varias interpretaciones. Se trata de la Revolución Mexicana, cuyos límites temporales están entre 1910 y 1920, que fue un estallido social en contra del gobierno del presidente Porfirio Díaz, por haber llevado a la sociedad a una gran polarización entre los terratenientes y los desposeídos de estas propiedades, y termina con la pacificación del país en la década de 1920. En definitiva, esa es una interpretación, pero otra podría ser que no ha habido un régimen tan próspero como el que se vivió en los años de la dictadura de Díaz, ya que el sistema de producción de las haciendas era muy floreciente y en los regímenes posteriores a la Revolución no se ha podido superar. La revuelta solo trajo desolación y muerte de entidades productivas inigualables.

Las interpretaciones anteriores son antagónicas. La primera se perfila a la recuperación de los desposeídos y su justificación ante los embates de los terratenientes, en donde se percibe que era necesario romper con el statu quo que había permanecido incólume durante más de 30 años; mientras que la segunda interpretación defiende el modo de producción establecido en esos años dictatoriales, sin que se mencionen las atrocidades en contra de los peones y su pobreza. Entonces, se puede plantear la pregunta ¿fue Porfirio Díaz un héroe o un villano?, como lo escritura Gantús (2016).

Por supuesto que desde las ciencias duras les agradaría conocer la interpretación correcta, encontrar la univocidad y no la equivocidad (Beuchot, 2011), cosa que no es nada descabellada, pero es necesario el consenso en el sentido de que las ciencias naturales y sociales se complementan en la búsqueda a profundidad del conocimiento de la realidad histórico-social y natural, mediante los procesos investigativos.

En definitiva, los métodos comprensivos trabajan con ideas, pensamientos y deseos. En el análisis están presentes los enfoques ideológicos de los seres humanos, quienes ocupan un lugar en la estructura de la sociedad y otorga sentido a los acontecimientos pasados y presentes, con el idilio de crear futuros hominales. Se requiere de los procesos dialógicos con el fin de validar intersubjetivamente y aquí recuperamos de nueva cuenta a Beuchot (2011), siempre y cuando la phronesis esté presente. Comprensión e interpretación, y la dificultad para reproducir los acontecimientos sociales hacen la diferencia con las ciencias naturales, como lo hemos visto en la abundante literatura (Salgado, 2002).

Como se mencionó al inicio del presente escrito, sin tratar de ser abundantes y con el fin de seguir con el espíritu que anima la LGHCTI, se deja asentado que esta recupera las aspiraciones que durante mucho tiempo se estuvieron planteando hacia la valoración de las ciencias sociales, humanísticas o subjetivas; a la par de las ciencias exactas, naturales o duras. Ahora se tiende un horizonte de espera -o expectativas futuras- de que no sólo con que cambie la ley se hagan realidad, sino que estamos conscientes de que se requiere un plazo para su aceptación, que no se puede vaticinar debido a la fuerza de la costumbre. En fin, un gran logro la aprobación de esta ley y antes de avanzar más en la narrativa, es necesario remontarnos a los orígenes del CONAHCYT y posteriormente al análisis breve de algunas categorías que se manejan en la nueva normativa.

Lo que antes fue el CONACYT, de conformidad con la información que aparece en su página web, se creó el 29 de diciembre de 1970 y fue reformado en diciembre de 1974. Contextualmente, surge como parte de la política científica y tecnológica del gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez. Eran los años álgidos de los movimientos sociales de 1968 y ante las protestas que se presentaron al final del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se puede inferir -comprensiva y no estadísticamente- que la población tenía fuertes heridas a las a que se tenía que abocar el gobierno entrante para su sanción, tanto al interior como al exterior del país. A nivel interno por el quiebre de un modelo económico, político y social que no incluía a todos los mexicanos y al exterior para recuperar la credibilidad, ya que los conflictos sociales escalaron a nivel mundial.

El nuevo gobierno tuvo la necesidad de justificar sus acciones y para ello la ilustración y la ciencia resultaban positivas, además de necesarias, para disminuir los conflictos, además de otras medidas económicas y políticas relacionadas con la distribución del poder en la sociedad. El surgimiento del CONACYT en el sexenio echeverrista es digno de aplaudirse, ya que apostar a la ciencia y al desarrollo de tecnología propia harían menos dependiente a nuestro país, aunque existen tesis y posturas de que eso generó un efecto contrario. Sin embargo, no es posible negar la gran capacidad del CONACYT por agrupar a los científicos del país y para definir los planes de organización y directivas del desarrollo científico nacional.

En la década de 1970 la tecnología era considerada básica y de cierta forma se descuidó la parte social y humanística que también era importante, aún y cuando también surgieron instituciones educativas, como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y asistenciales, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

La recuperación de la fecha de creación del CONACYT es con el ánimo de resaltar su larga permanencia en el tiempo. A partir de 2023 continuará como CONAHCYT (con hache) y entre los principios que emanan de la LGHCTI está el innegable derecho humano a la ciencia, la recuperación de los principios de la innovación y la inclusión de la ciencia de frontera. Esta última con el fin de fortalecer las capacidades de la población mexicana y arribar con ello a la soberanía, tan necesaria ante los embates del neoliberalismo, presentes durante la aprobación de la nueva ley y actualmente en el contexto político de sucesión presidencial que se avecina para 2024.

Otro elemento considerado en la LGHCTI es el acceso abierto al conocimiento, incluyendo toda clase de repositorios. En la plática informativa sobre la convocatoria 2023 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se difundió la idea de dar mayor apertura a las revistas nacionales y regionales indizadas, con el fin de que las publicaciones de los científicos sean leídas por un público más amplio; así como la apuesta por la ciencia abierta, pues la validez de artículos científicos para su evaluación está dirigida hacia la difusión y extensión de la ciencia básica y aplicada, reivindicando el conocimiento científico, tecnológico y humanístico.

La lucha por la libertad de expresión y manifestación de las opiniones sigue abierta, como lo confirman “Las mañaneras” del presidente López Obrador, en las cuales la información es aceptada o rechazada bajo procesos dialógicos. Eso es lo pretendido para que la que la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales asuman este principio y se posicionen con reflexiones críticas que abonen a la construcción de una sociedad mejor.

Las consideraciones de la nueva ley para tomar en cuenta las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, serán el motor para el bienestar de nuestro país. Ahora sólo queda a los científicos humanistas y tecnócratas empoderarse a través de las investigaciones.

Desde este escrito se considera plausible el cambio hacia el nuevo CONAHCYT, pues ya se había manifestado –desde hace tiempo- una problemática y lucha entre los científicos del país por el reconocimiento de sus campos de estudio. Las investigaciones de gran calidad dejaban de lado la aplicación de sus resultados en bien de la sociedad y -en muchos casos- los recursos económicos se perfilaban a la aplicación de proyectos de investigación y a la creación de patentes en la iniciativa privada, como lo manifestó en su momento María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del organismo.

La LGHCTI contempla entre sus postulados la incorporación de las humanidades como principio del bienestar de la población. La aplicabilidad de la ciencia debe ser para que llegue a las clases sociales más desposeídas, así como el acceso al conocimiento como derecho universal.

Finalmente, y como es costumbre, se reitera al público la invitación para la lectura y crítica de los artículos que en este número se publican. Así mismo, la invitación para que envíen sus resultados de investigación para dictaminación y eventual publicación en esta su revista Debates por la Historia.